Las autoridades colombianas detuvieron a dos presuntos responsables de las amenazas que recibieron varias personas y líderes sociales de El Salado, municipio de Bolívar (norte), donde en febrero de 2000 se cometió una de las peores masacres del país, con un centenar de víctimas.

Se trata, según informó este viernes la Fiscalía, de la hermana de una de las amenazadas y un vecino del municipio, y no de integrantes de la organización paramilitar de las Águilas Negras, vinculada al narcotráfico, que fue a quien se acusó en enero de las amenazas.

"Las verificaciones realizadas indican que, supuestamente, los mensajes compartidos vía celular salieron de líneas telefónicas y equipos usados por estas dos personas, y se originaron desde el mismo corregimiento de El Salado", alegó la Fiscalía en un comunicado.

Además, "se estableció que los panfletos con logos y alusiones a un supuesto grupo armado denominado ‘Águilas Negras’ habrían sido impresos en la casa de uno de los indiciados".

El Fiscal General, Francisco Barbosa, que explicó que los dos detenidos serán presentados ante un juzgado de Cartagena, lamentó el hecho y lo calificó como "un engaño al país y a las instituciones".

Según la cadena RCN, entre los capturados está Yuranis Velásquez, hermana de la lideresa amenazada Yirley Velásquez, quien supuestamente y según la cadena habría acudido a las amenazas para que no se le retirase el esquema de seguridad a su hermana.

Líderes de El Salado preocupados 

La lideresa social de El Salado Eneida Narváez dijo a Efe que no tiene explicación para el desenlace que están teniendo las amenazas que sufrieron algunas personas y líderes sociales a principio de año y aseguró que esto la tiene "muy preocupada".

A mediados de enero circuló por el municipio y redes un panfleto con las caras de varias personas, entre ellas líderes sociales, firmado por las Águilas Negras en el que aseguran que van a "limpiar la comunidad de esta plaga de gente" y las presionan para que abandonen la localidad.

"No sé qué está pasando ni hasta dónde ha llegado esto, no tengo explicación", dijo Narváez, quien desde la masacre ocurrida en febrero de 2000 en la que paramilitares y agentes del Estado asesinaron en el polideportivo del pueblo a más de un centenar de campesinos indefensos, no vive completamente tranquila.

"Para nosotros es mucho más duro", dice la lideresa, que teme que los hechos revelados por la Fiscalía afecten al trabajo de reconstrucción social y de protección de la comunidad.

Y es que una de las preocupaciones de los líderes de El Salado es su seguridad, que se ve constantemente amenazada por estar en la mitad de un territorio disputado por terratenientes, colonos y por los grupos paramilitares.

Narváez dijo que a raíz de las amenazas de enero la comunidad había pedido "protección colectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)", pero que aún no ha recibido "respuesta".

Continúan amenazas a líderes 

La Oficina de la ONU recibió denuncias de 133 casos de homicidios de líderes sociales en 2020, de los que han podido verificar 90 y están pendientes de demostrar otros 25. Mientras que en 2019, contabilizó 108.

Por otro lado, este mismo año Human Rights Watch reveló en un informe las fallas en la protección a líderes sociales y la falta de rapidez y respuestas del Gobierno ante las peticiones de auxilio.

El principal mecanismo para ello, la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignó solo en 2020 protección a 3.470 personas, pero siguen sin haberse resuelto muchas solicitudes, y HRW reveló casos de líderes sociales e indígenas asesinados cuando les quitaban o reducían los esquemas de protección.

EFE